La Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu) anunció un plan de lucha a nivel nacional debido a la demora del Gobierno en promulgar la Ley de Financiamiento Universitario, cuyo plazo legal expiró este lunes. Las medidas incluyen una jornada de protesta este martes y un paro nacional de 24 horas el miércoles, con la participación de docentes, no docentes, estudiantes y organizaciones sociales.
Esta norma, aprobada por amplia mayoría en el Congreso y ratificada tras el veto del Poder Ejecutivo, busca garantizar recursos para el funcionamiento de las universidades públicas, mejorar los salarios y fortalecer el sistema de becas e investigación. Sin embargo, su publicación en el Boletín Oficial aún no se ha concretado.
Reclamo federal y suspensión de clases
El secretario general de Fagdut, Ricardo Mozzi, cuestionó la inacción del Gobierno:
“Hoy es el último día que tiene el Ejecutivo para promulgar la ley y el silencio es absoluto. Senadores y Diputados ya la aprobaron y rechazaron su veto. ¿Qué más quieren?”, expresó el dirigente, quien confirmó que todas las facultades de la UTN estarán sin clases durante las dos jornadas de protesta.
Desde la UBA, los gremios docentes y no docentes también confirmaron su adhesión al paro. En un comunicado, Apuba anunció que el martes 21 de octubre no habrá actividad en los lugares de trabajo y adelantó que promoverá acciones legales junto al Consejo Interuniversitario Nacional y el Frente Sindical Universitario para exigir la aplicación efectiva de la ley.
Por su parte, AGD UBA convocó a una manifestación en Plaza de Mayo, reclamando la inmediata promulgación de la norma.
Qué establece la ley de Financiamiento Universitario
El proyecto contempla la reapertura de paritarias para docentes y no docentes —paralizadas desde octubre pasado—, el aumento de fondos operativos y de investigación, y la creación de un fondo de 10.000 millones de pesos (con ajuste según el IPC) para fomentar el ingreso a carreras estratégicas.
Según la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), el costo estimado asciende a 1,9 billones de pesos, equivalente al 0,23 por ciento del PBI.
Contexto legislativo
Durante la última sesión parlamentaria, el Senado también rechazó el veto presidencial a la Ley de Emergencia en Salud Pediátrica, impulsada por trabajadores del Hospital Garrahan, lo que añadió presión política sobre el Ejecutivo.
Ambas normas, tanto la universitaria como la sanitaria, cuentan con un amplio respaldo social, pero el Gobierno sostiene que no se aplicarán hasta definir las fuentes de financiamiento en el Presupuesto 2026.
Mientras tanto, el conflicto con el sector universitario se intensifica y promete nuevas jornadas de protesta en las próximas semanas.
