24/10/2025
Han pasado siete años desde la implementación de la ley provincial de narcomenudeo, y en las próximas semanas se iniciarán mesas de trabajo entre operadores de la justicia federal y los tribunales provinciales. Esta estrategia tiene como objetivo facilitar el intercambio de información para fortalecer la lucha contra las grandes organizaciones de narcotráfico.
Juan Cruz Varela
De la Redacción de Página Judicial
La adhesión de Entre Ríos a la ley nacional de desfederalización parcial de la competencia penal en materia de estupefacientes, conocida como la ley de narcomenudeo, marcó un cambio significativo en la lucha contra el narcotráfico en la provincia.
A partir de 2018, los fiscales provinciales obtuvieron la autoridad para perseguir, juzgar y sancionar el comercio, entrega, suministro o facilitación de estupefacientes en dosis destinadas directamente al consumidor; los casos de cultivo de plantas cuando la cantidad es tan pequeña que se deduce claramente que es para consumo personal; y la entrega ocasional y gratuita, así como la tenencia para consumo personal.
El objetivo de la ley de narcomenudeo era aprovechar la presencia de jueces, fiscales y, fundamentalmente, de la Policía de Entre Ríos en todos los departamentos para desmantelar los kioscos de droga.
Siete años después, el fracaso es evidente. Esto se puede observar a partir de diversos factores, como la fragmentación de las investigaciones, el posible obstáculo a las causas en el fuero federal y una disminución considerable en el número de causas iniciadas en comparación con las que se iniciaban en 2018.
Revertir un fracaso
El narcomenudeo, que trasciende las fronteras provinciales e incluso nacionales, representa la última fase de la cadena de tráfico. A veces, es una estrategia de supervivencia; en otras ocasiones, se refiere a acciones de consumidores que venden al por menor para financiar sus propias adicciones.
Recientemente, en su participación en el programa El Ventilador (Canal Once), el fiscal José Ignacio Candioti subrayó que “la persecución penal debe centrarse en quienes se benefician de las muertes, quienes se enriquecen con este negocio. El reto para los operadores judiciales es desbaratar a las grandes bandas criminales y no perseguir a los consumidores, a quienes hay que ofrecer la posibilidad de recuperarse”.
En esa aparición televisiva, Candioti agregó: “Los operadores judiciales no podemos ignorar lo que sucede y debemos involucrarnos, al igual que toda la sociedad, en la lucha contra el narcotráfico contribuyendo con criterios que tengan en cuenta el impacto del narcotráfico a nivel global”.
La modificación legal que plantea la creación de mesas de trabajo interjurisdiccionales subraya que es “esencial para alcanzar las cúpulas de las organizaciones de narcotráfico establecer un mecanismo que intercambie y analice información judicial de forma dinámica, rápida y coordinada”. Se advirtió también que “el sistema tradicional de compartimentos estancos que ha caracterizado a las causas penales es funcional al delito organizado, especialmente en la prevención y represión del narcotráfico”.
Esto implica que no se puede investigar el narcomenudeo de manera aislada de la cadena de tráfico, ni sin entender la relación entre los regentes de los kioscos de droga en los barrios y las organizaciones narcocriminales de mayor escala.
La formación de mesas de intercambio de información surge como una necesidad para coordinar la distribución de competencias en la investigación y el enjuiciamiento de diversos hechos; eficientizar la persecución de los eslabones más bajos en la justicia provincial, lo que también permitirá iniciar o guiar investigaciones que faciliten avanzar en la cadena; y la creación de equipos conjuntos para abordar simultáneamente la investigación de hechos que impacten en los procedimientos que involucren a fiscales federales y provinciales, son los objetivos que se plantea la Procuración General de la Nación al promover esta nueva estructura.
Se espera que las mesas de intercambio de información comiencen a funcionar en las próximas semanas, según informaron a Página Judicial. Inicialmente, contarán con la participación de jueces y fiscales federales de primera instancia de Entre Ríos, fiscales provinciales a cargo de investigaciones por delitos de narcomenudeo y representantes de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), que colabora en investigaciones de delitos complejos en las provincias argentinas. Es posible que también se sumen el Ministerio de Seguridad y Justicia y la Dirección de Drogas Peligrosas de la Policía.
Las reuniones, una vez que la nueva estructura esté operativa, tendrán una periodicidad de tres meses, para mantener abiertos los canales de comunicación y generar un espacio de intercambio de información entre los operadores judiciales.
Quizás sea un primer paso.
