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29/10/2025
La lista gana relevancia para la próxima agenda. Una polémica de baja intensidad. La ley reformulada por Jorge Busti.
Federico Malvasio
De la Redacción de Página Judicial
Este martes se anunció que el Poder Ejecutivo presentó la lista de conjueces para el Superior Tribunal de Justicia (STJ). El Senado dará su acuerdo en la sesión de este miércoles. Se trata de un procedimiento habitual previsto en la Constitución, donde el Colegio de la Abogacía suele proponer nombres.
La novedad surgió de los ámbitos institucionales, específicamente de la convocatoria a sesión publicada en el sitio oficial de la Cámara alta, que mencionó a dos candidatas: Carina Ramos y Mariana Farfán. Ambas son ex diputadas provinciales del justicialismo. Sectores de este partido, inclinados a ver intrigas políticas sin comprender realmente la situación, alertaron a sus “compañeros”, afirmando que ambas designaciones son una recompensa del Gobernador por no haber respaldado a la lista oficialista del PJ. El colectivo feminista respondió a estas acusaciones. En síntesis: un intento de debatir sobre una fake news.
Las doctoras Ramos y Farfán emitieron su aclaración al respecto. Muy correcta.
La lista de conjueces, además de Ramos y Farfán, incluye a Analia Cardoso, Jorge D’ Dagostino (ex diputado por la UCR), Martín Pita, Cristina Enderle, Livio Pablo Hojman, Magdalena Vinacur (ex candidata por la UCR), Martín Acevedo Miño (funcionario provincial), Alfredo Vitale, Andrea Saxer, Agustpin Turinetto, Verónica Mulone, Germán Mannucci, Marca Belén Ríos, Laureano Germán Ríos, Fabricio Testa y Evangelina Marisa Bartoli.
El artículo 36 de la Ley Orgánica del Poder Judicial establece que “los conjueces del Superior Tribunal, en un número de dieciocho (18), serán designados por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado”, añadiendo que “la designación deberá recaer en abogados”.
El 18 de febrero de 2004, durante la tercera gestión de Jorge Busti, la Legislatura modificó, mediante la ley 9.550, el decreto ley 6.902/82. Este decreto establece que los miembros de las cámaras primera, segunda y tercera de la ciudad de Paraná deberán suplir a los vocales.
Tres meses después, el 23 de junio del mismo año, los legisladores modificaron el artículo 5º bis, añadiendo el inciso (j): “Deberán excusarse de entender en el proceso, los magistrados o funcionarios judiciales que deban resolver acciones interpuestas por otros magistrados o funcionarios pertenecientes al Poder Judicial de la provincia o al Tribunal de Cuentas de la provincia, sean estos activos o pasivos, que tengan por objeto reclamos vinculados con sus haberes y/o condiciones laborales, o inherentes a sus funciones; en cuyo caso corresponderá la pertinente designación de abogados de la lista de conjueces para el respectivo pronunciamiento”.
La lista de conjueces podría adquirir un valor distinto en estos tiempos, al considerar la agenda que el Poder Ejecutivo tiene prevista en asuntos que afectarán al Poder Judicial.
De uno y otro lado de Plaza Mansilla hay un conflicto que se originó en la pandemia, cuando la administración de Gustavo Bordet aprobó en la Legislatura la “Ley de Emergencia Solidaria”, que anuló la ley de enganche, la cual establece el mecanismo de actualización de haberes para los judiciales, generando diferencias entre lo determinado por la Corte Suprema y los aumentos otorgados por la Provincia.
La norma fue objeto de planteos de inconstitucionalidad que fueron desestimados. También se canalizaron diversos reclamos a través del STJ, la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial –el gremio de los jueces– y los sindicatos que representan a los empleados que buscaban la “devolución” de las diferencias, llegando incluso a presentar distintas propuestas en cuotas “con el propósito de no resentir las cuentas públicas”.
Una vez que la ley de emergencia solidaria quedó sin efecto, se alcanzó un acuerdo entre el Poder Judicial y el Ejecutivo que implicaba un aumento total y remunerativo del 24%, porcentaje que fue liquidado por un código separado y escalonado. Hay quienes no lo aceptaron y continúan litigando.
En junio pasado, el Poder Ejecutivo rechazó, formalmente, un reclamo salarial presentado por el STJ. Estos litigios –según la normativa– podrían o deberían recaer sobre conjueces.