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Los fiscales Patricia Yedro y Gonzalo Badano han sido recusados para llevar adelante la acusación pública en la megacausa de las Coimas, en la que el exgobernador Sergio Urribarri enfrenta un pedido de condena de 10 años de prisión. Se cuestionó su participación en el juicio abreviado donde el exministro de Trabajo, Guillermo Smaldone, admitió haber recibido coimas del empresario Diego Armando Cardona Herreros, titular de Relevamientos Catastrales SA.
El pedido de recusación fue presentado por los abogados Juan Antonio Méndez y Candelario Pérez, defensores de Carlos Marcelo Haidar. Argumentan que los fiscales ya formaron parte del juicio abreviado en el que Smaldone aceptó haber recibido coimas de Cardona Herreros, quien proporcionó servicios al Estado entrerriano durante el gobierno de Urribarri. “Se da entonces la situación que los fiscales a cargo de llevar adelante el juicio contra nuestro defendido son los mismos que sostuvieron la acusación en el juicio abreviado y valoraron la prueba que admitió el juez de sentencia”, señala el escrito de los defensores, según publicó EntreRíosAhora.
El tribunal que finalmente se conformó para llevar a cabo el juicio de la megacausa de las Coimas, aún sin fecha, está compuesto por los jueces Alejandro Grippo, Rafael Cotorruelo y Carolina Casetagno, quien ha solicitado a los fiscales Yedro y Badano que presenten el informe requerido por la norma del artículo 46 del código procesal penal, aplicable por remisión del artículo 60 del mismo código.
La recusación de los fiscales se basa en el juicio abreviado en el que participó el exministro Smaldone. A inicios de agosto, el vocal del Tribunal de Juicios y Apelaciones de Paraná, Juan Francisco Malvasio, homologó dicho acuerdo alcanzado entre el Ministerio Público Fiscal y la defensa, donde se estableció una pena de dos años y ocho meses de prisión de ejecución condicional, además de inhabilitación especial perpetua. Asimismo, se impusieron condiciones de conducta, como fijar domicilio en Paraná, prohibición de realizar actos molestos hacia testigos, y trabajos no remunerados en una institución pública, junto a una multa de $90.000, en reconocimiento de que los hechos fueron cometidos con ánimo de lucro. La sección 9 del acuerdo, titulada “Confesión del imputado”, incluye la aceptación de Smaldone sobre los cobros de coimas, lo cual influye directamente en el resto de los imputados en la megacausa.
El caso avanza, con el juez de Garantías Julián Vergara enviando la causa a juicio el 1º de agosto, lo que llevó a la conformación del tribunal que juzgará nuevamente al exgobernador Urribarri, quien ya había sido condenado a 8 años en un anterior megajuicio. La Oficina de Gestión de Audiencias (OGA) excluyó a varios magistrados que habían intervenido anteriormente, designando a Alejandro Cánepa, María Carolina Castagno y Rubén Chaia para el estrado; sin embargo, tanto Cánepa como Chaia se excusaron, lo que llevó a una nueva conformación del tribunal.
Finalmente, el tribunal para juzgar a Urribarri quedó conformado por Gervasio Labriola, Matilde Federik y Carolina Castagno, pero la jueza Federik también se inhibió, argumentando un impedimento legal tras su anterior participación como fiscal en la causa. (APFDigital)
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