20/10/2025
El plenario del Consejo de la Magistratura de la Nación declaró la caducidad de las denuncias por mal desempeño que afectaban al juez federal Daniel Edgardo Alonso. El rol esencial de un consejero en su defensa.
Juan Cruz Varela
De la Redacción de Página Judicial
El Consejo de la Magistratura de la Nación archivó las denuncias contra el juez federal de Paraná, Daniel Edgardo Alonso, quien estaba bajo un proceso disciplinario por intentar frenar el cumplimiento de un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
El plenario resolvió la caducidad de las seis denuncias tras haber transcurrido tres años sin avances desde su presentación, y el magistrado ya fue informado de la decisión que limpia su historial.
En abril de 2022, a instancias del entonces diputado nacional Marcelo Casaretto (PJ), Alonso emitió una medida precautelar impidiendo que el Congreso designara a sus representantes para el nuevo Consejo de la Magistratura, contraviniendo lo que había dispuesto la Corte Suprema.
Días después, el máximo tribunal anuló todo lo actuado por Alonso; destacó que “el magistrado se opuso de manera flagrante y directa a un pronunciamiento firme, tratando de impedir su cumplimiento”, y lo acusó de actuar “con notable ignorancia del derecho vigente” y lo denunció por mal desempeño.
Posteriormente, surgieron otras cinco denuncias contra Alonso, que en ese momento esperaba la aprobación del pliego que lo promovía como juez de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario, el cual fue luego retirado por Javier Milei. Lo denunciaron el senador Alfredo De Angeli, el diputado Pedro Galimberti, ambos de Juntos por Entre Ríos; el contador Alfredo Popritkin; el presidente del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, Alberto Garay; y los diputados de la Coalición Cívica Juan Manuel López y Mariana Stilman, quienes además promovieron una denuncia penal por delitos de asonada (sedición), prevaricato y abuso de autoridad.
El 15 de octubre pasado, tres años después de aquel affaire, el Consejo de la Magistratura respaldó el archivo que había dictaminado la Comisión de Disciplina, en una sesión tensa que incluyó agudos cruzamientos entre los consejeros. El senador Luis Juez afirmó que esta decisión “es la consecuencia nefasta de proteger a un magistrado para que no enfrente consecuencias. Cuando no queremos que un asunto se discuta, actuamos como si no lo viéramos y dejamos que el tiempo pase”, les reprochó a sus colegas.
El que respondió fue Alberto Lugones, representante de la magistratura: “No aceptaré que los expedientes están escondidos para alguien. No oculto a nadie”, afirmó. También lanzó críticas directas al senador Juez: “No podemos seguir teniendo sobre la cabeza de un magistrado, una espada de Damocles, esperando a que cambie la mayoría para actuar. La ley dice que a los tres años caduca el proceso. Si no les gusta, que cambien la ley”, sentenció.
El resurgimiento del juez Daniel Edgardo Alonso no puede entenderse sin considerar sus conexiones y afinidades. En los tribunales, se atribuye su rescate a Lugones, el influyente representante de los jueces y líder de la Lista Celeste, quien ha contado con el apoyo de Alonso en diversas circunstancias dentro de la interna judicial.
En efecto, aquella decisión que colocó a Alonso en una situación complicada buscaba frenar la llegada de Horacio Rosatti al organismo que elige y sanciona a los jueces, además de manejar el presupuesto judicial, restringiendo el poder que hasta entonces tenía Lugones.
Lugones era el presidente del Consejo de la Magistratura cuando Alonso dictó la medida precautelar polémica y tuvo que ceder, contra su voluntad, ese papel a Rosatti, que asumió el mando del organismo mientras también era presidente de la Corte Suprema. Y sigue en ambos roles. Esta vez, al tratarse la situación de Alonso, se abstuvo de votar. Curioso.
Del púlpito al banquillo
El archivo de las denuncias en el Consejo de la Magistratura completa un panorama favorable para Alonso.
En su momento, los diputados de la Coalición Cívica Juan Manuel López y Mariana Stilman también impulsaron una denuncia penal contra él por delitos de asonada (sedición), prevaricato y abuso de autoridad.
Esta denuncia penal también fue desestimada por falta de delito. El juez, apoyándose en los argumentos del Ministerio Público Fiscal, concluyó que los hechos denunciados “no se ajustan a ninguna figura típica del Código Penal de la Nación” y que “la Corte Suprema anuló lo actuado por el juez Alonso y, tras analizar su conducta en su totalidad, dispuso la intervención de las vías institucionales que consideró adecuadas”.
El fiscal señaló en su dictamen que “la discusión sobre su postura correcta o incorrecta, aplicación y/o interpretación del derecho no es competencia del ámbito penal”, y solicitó la desestimación de la denuncia contra Alonso.
La investigación continuó en la vía administrativa. El Consejo de la Magistratura inició un proceso disciplinario, y en noviembre de 2022, Alonso presentó un extenso descargo donde refutó cada acusación y defendió su postura: “Mi criterio puede ser erróneo y, de hecho, el alto cuerpo así lo ha considerado, pero de ninguna manera puede ser tachado de arbitrario, ilegal o desconectado del derecho aplicable”.
En otro tramo de su defensa sostuvo: “Los jueces podemos equivocarnos y, en ocasiones, lo hacemos. Esto tiene solución mediante los mecanismos establecidos por el legislador… Lo que no puede considerarse es que los criterios expresados por los jueces en sus resoluciones sean motivo para la persecución a través de procesos disciplinarios o acusatorios”.
Finalmente, su criterio prevaleció y el miércoles 15 de octubre el plenario del Consejo de la Magistratura desestimó las denuncias y archivó las actuaciones que mantenían en vilo al titular del Juzgado Federal Número 2 de Paraná.
Quizá Alonso haya seguido el consejo del Viejo Vizcacha: “Hacete amigo del juez; / no le des de qué quejarse… / Pues siempre es bueno tener / palenque ande ir a rascarse”. Y hoy tiene razones para celebrar.
