15/10/2025
La Sala Penal ha preparado el terreno para el juicio del ex presidente de Sidecreer, Juan José Canosa, acusado de un supuesto enriquecimiento ilícito cercano a los 4 millones de pesos, a valores de noviembre de 2022. El fiscal ya solicitó que la causa avance a juicio y anticipó que pedirá el sobreseimiento de la defensora pública Paula Montefiori, esposa de Canosa.
Juan Cruz Varela
De la Redacción de Página Judicial
El Superior Tribunal de Justicia (STJ) rechazó el sobreseimiento del ex funcionario Juan José Canosa y su esposa, la defensora pública Paula Montefiori, que están imputados por supuesto enriquecimiento ilícito.
Con esto, la causa está lista para avanzar hacia un juicio oral, como ha solicitado el Ministerio Público Fiscal, donde Canosa deberá justificar un incremento patrimonial no justificado de casi 4 millones de pesos, según una pericia realizada en noviembre de 2022.
El fiscal Gonzalo Badano adelantó que solicitará el sobreseimiento de Paula Montefiori en la audiencia de la etapa intermedia, lo que la desvincularía de la investigación.
Se sospecha que Canosa y Montefiori registraron, entre 2003 y 2016, un aumento patrimonial injustificado de casi 4 millones de pesos, según lo determinado en la pericia de noviembre de 2022. La defensa había pedido el sobreseimiento de ambos, argumentando que la investigación se había prolongado más allá de los plazos razonables establecidos por el Código Procesal Penal de Entre Ríos.
En esta fase, la Sala Penal desestimó el recurso de impugnación extraordinaria presentado por los abogados Raúl Barrandeguy y Miguel Cullen, defensores de Canosa; y Andrés Bacigalupo, en representación de Montefiori.
En concreto, los vocales Miguel Ángel Giorgio, Claudia Mizawak y Daniel Carubia ratificaron la decisión de la jueza de garantías, que resolvió la insubsistencia de las facultades investigativas del Ministerio Público Fiscal, pero no dictó el sobreseimiento, instando al fiscal a decidir entre el sobreseimiento o la remisión a juicio.
El fallo, al que tuvo acceso Página Judicial, también rechazó la posibilidad de declarar la extinción de la acción penal por prescripción, en respuesta a la crítica de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre este tema, a pesar de los esfuerzos de Mizawak por justificar sus posiciones.
Giorgio sostuvo que “la resolución que deniega el sobreseimiento resulta irrecurrible” y que no corresponde el sobreseimiento por insubsistencia de la acción penal o incumplimiento de plazos procesales, tal como argumentaron los defensores. No obstante, precisó que podrían volver a plantearlo una vez notificado el pedido de remisión de la causa a juicio.
Además, desestimó el argumento de que no se había podido concluir la pericia para determinar el patrimonio de Canosa, ya que las entidades bancarias informaron haber descartado la documentación pertinente a los períodos investigados. En este sentido, Giorgio indicó que “el recurso extraordinario no está destinado al examen de hechos y pruebas”, los cuales deben ser abordados en una instancia de debate, ya sea en la audiencia de remisión o en un juicio.
Mizawak subrayó que “el órgano de la acusación sí ha instado oportunamente la remisión a juicio en el tiempo fijado por la magistrada”. En otro tramo de su voto añadió que “previamente al pedido de sobreseimiento, no hubo ningún planteo defensivo, objeción o reserva de su parte que introdujera disconformidad” con la duplicación de los plazos, al considerar esta una causa compleja. “Por el contrario, la defensa expresó repetidamente su conformidad con la continuidad del proceso”. El vocal Daniel Carubia se adhirió a estos argumentos.
Asimismo, Mizawak aprovechó para defenderse tras las severas críticas de la Corte Suprema sobre el criterio del STJ para acortar los plazos de investigación, especialmente en causas de corrupción. Aunque no era lo que requería el caso, dijo: “Debo destacar la diferencia entre la extinción de la acción penal y la caducidad de la facultad del Ministerio Público Fiscal para impulsar la acción penal en el régimen procesal local. No debemos confundir la extinción de la acción penal con la insubsistencia de la facultad del Ministerio Público Fiscal para realizar actos de investigación, vinculada con el agotamiento de los plazos razonables”, expuso.
El recorrido judicial
La investigación contra Canosa dio inicio a raíz de una denuncia formulada en diciembre de 2016 por el entonces senador radical Raymundo Kisser, a la que se unieron diputados de Cambiemos.
De las primeras indagaciones realizadas por los fiscales Juan Francisco Malvasio y Santiago Brugo surgieron inconsistencias en el patrimonio del ex presidente de Sidecreer. Se detectaron inversiones no declaradas en mutuales y la adquisición de cuatro lotes en el complejo turístico Interlagos, en María Grande.
Ante esta situación, los fiscales decidieron ampliar la investigación e imputar a la esposa de Canosa, la defensora pública Paula Montefiori; ambos fueron citados a declarar como imputados.
Según los fiscales, entre 2003 y 2016, la pareja experimentó un aumento desproporcionado de su patrimonio en comparación con los ingresos que percibían. Una pericia determinó que no podían justificar bienes por casi 4 millones de pesos, lo que equivaldría a unos 640 mil dólares a valores de noviembre de 2022. Por estos hechos se formalizó la imputación que podría llevarlos nuevamente al banquillo de los acusados.
El 10 de abril de 2024, el fiscal Badano solicitó la remisión a juicio para Canosa, pero pidió el sobreseimiento de Montefiori en la audiencia de la etapa intermedia.
Además, Canosa había sido previamente condenado a una pena de prisión condicional y a inhabilitación especial y perpetua para ejercer cargos públicos por haber direccionado contrataciones a empresas de personas cercanas durante su gestión al frente de Sidecreer.
