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La normativa asegura recursos para el funcionamiento de las universidades, la investigación y la recuperación salarial, por lo que se exige su inmediata implementación. “La situación actual de los docentes universitarios es terrible”, afirmó la secretaria adjunta de la Asociación Gremial de Docentes Universitarios (AGDU), Analía Matas.
Miércoles 22 de octubre de 2025 | 7:20 hs.
AGDU ha convocado a un paro de 24 horas para el miércoles 22 de octubre, en concordancia con lo decidido por Conadu, la federación que los agrupa.
“Ante un contexto sumamente grave en las universidades nacionales, con salarios de pobreza, sobrecarga laboral y falta de diálogo, el objetivo es evitar el desmantelamiento del sistema universitario y científico”, se menciona en la convocatoria de AGDU, que lleva a cabo estas medidas en reclamo de la efectiva aplicación de la Ley N° 27.795, de Financiamiento Universitario.
Dicha ley fue promulgada ayer por el Gobierno nacional, pero su aplicación se postergó hasta que el Congreso de la Nación determine las fuentes de financiamiento.
“La situación actual de los docentes universitarios es terrible”, reiteró Analía Matas, al ofrecer un panorama del sector. Señaló que “se ha perdido aproximadamente un 40% del avance salarial” y que “no hay fondos para insumos, ni para el sostenimiento o mantenimiento de las universidades”.
Asimismo, mencionó que la crisis también impacta a los estudiantes, puesto que “han disminuido las becas, es decir, no hay nada que incentive a permanecer en la universidad”.
En una conversación con Elonce, reveló un dato alarmante: “Han renunciado alrededor de 10.000 docentes universitarios; muchos de ellos están buscando también un segundo empleo”.
Respecto a la Ley N° 27.795, de Financiamiento Universitario, que fue promulgada pero cuya implementación se postergó, comentó: “Claramente, lo único que hace es dilatar aún más esta situación que ya es un desconsuelo total, desconcierto, decepción y tristeza en general”.
La Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu) expresó su firme rechazo a la postergación de la ejecución de las leyes de financiamiento universitario y de emergencia pediátrica, sancionadas y promulgadas por el Congreso de la Nación.
Se indicó que “el Poder Ejecutivo, al aplazar su aplicación, desconoce la división de poderes y vulnera derechos adquiridos”, y señalaron que su demora “implica un retroceso en materia de educación, salud y justicia social”.
“Hacemos responsable al Gobierno nacional por los daños que esta demora cause a la comunidad universitaria, al sistema de salud pediátrica y a la sociedad en su conjunto”, advirtieron. (APFDigital)