Proyecto de Ley del Gobierno: Establecimiento de la Noción de “Democracia Ambiental” como Pilar de la Gestión
El presente proyecto de ley busca institucionalizar la “democracia ambiental” como un eje central en la gestión gubernamental. Este enfoque promoverá la participación activa de la ciudadanía en la toma de decisiones relacionadas con el medio ambiente, fomentando un desarrollo sostenible y equitativo. Se plantean mecanismos que aseguren el acceso a la información, la consulta pública y la inclusión de diversas voces en los procesos de planificación y ejecución de políticas ambientales.
El objetivo es garantizar que la protección del medio ambiente y los derechos de las comunidades estén en el centro de las acciones del gobierno, promoviendo así una gestión más democrática y responsable.
El Poder Ejecutivo presentó un proyecto de ley de Gestión Ambiental de Actividades Económicas que busca “alinear el desarrollo económico con los principios de sostenibilidad y equidad intergeneracional”. Se destacó que este proyecto representa un avance significativo en la modernización de la gestión ambiental provincial, garantizando que el desarrollo se lleve a cabo de manera sostenible y con la activa participación de la comunidad. También promueve la simplificación y desburocratización de los trámites.
Lunes, 20 de octubre de 2025 | 10:40 hs.
El Poder Ejecutivo de Entre Ríos presentó un proyecto de ley de Gestión Ambiental de Actividades Económicas que, entre sus objetivos, busca: “1) establecer principios rectores para preservar, conservar, mejorar y recuperar el ambiente y la calidad de vida de la población de forma coherente con la política provincial de desarrollo integral y sostenible; 2) garantizar el derecho irrenunciable de toda persona a disfrutar de un ambiente saludable, equilibrado ecológicamente y adecuado para la vida y la dignidad humana; 3) definir el marco jurídico y administrativo para el procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) en todo el territorio provincial, promoviendo la simplificación y eficacia; y 4) asegurar canales efectivos de participación ciudadana en los procesos de toma de decisiones ambientales.”
Fundamentos.
El Poder Ejecutivo argumentó que el proyecto “de Ley de Gestión Ambiental de Actividades Económicas busca establecer un nuevo marco normativo claro y unificado, alineado con las necesidades actuales, que promueva la simplificación y desburocratización de los trámites ante la autoridad ambiental provincial”.
La Ley sitúa en el centro de la gestión ambiental de actividades económicas la noción de “democracia ambiental”, entendida como el derecho de los ciudadanos a participar en las decisiones que impacten su entorno, especialmente en proyectos de alto impacto.
No solo mirar el beneficio inmediato.
Al reconocer que “la creciente degradación ambiental evidencia la necesidad de implementar políticas que protejan los bienes naturales sin descuidar el crecimiento productivo, permitiendo un desarrollo sostenible”, se concluyó que “las políticas económicas deben orientarse hacia un desarrollo equilibrado que no agote los recursos naturales ni dañe sistemáticamente los entornos naturales, respetando los límites ecológicos y permitiendo la renovación de los ecosistemas”. Así, se afirmó que “esta Ley destaca la importancia de que las decisiones económicas no solo contemplen el beneficio inmediato, sino que aseguren un futuro viable para las generaciones venideras”.
La descentralización política y la autonomía requieren que cada provincia tenga la capacidad de crear leyes que respondan a sus características locales, promoviendo el equilibrio territorial y ambiental dentro del marco de la Constitución Nacional. Además, se enfatizó la relevancia de la participación ciudadana como un elemento clave para asegurar que las políticas públicas sean legítimas y reflejen los intereses colectivos.
En el mensaje a la Cámara de Diputados, se subrayó que “es fundamental resaltar que este proyecto es el resultado de un intenso trabajo que requirió varios meses, llevado a cabo por el personal técnico y profesional de la Secretaría de Ambiente, en colaboración con diversas dependencias del Ministerio de Desarrollo Económico y sus respectivos equipos. Se considera prioritario avanzar en una armonización y actualización del sistema actual”.
Derogación y actualización normativa.
Se precisó que “este proyecto propone actualizar la normativa, conforme a los actuales paradigmas de protección ambiental y de derechos humanos. Se plantea la derogación de la Ley N° 6260 de Prevención y Control de la Contaminación por parte de las Industrias, sancionada en 1978. Asimismo, se toman como base y se mejoran las disposiciones del Decreto N° 4977/09 GOB, que aprobó la reglamentación de la Evaluación de Impacto Ambiental, buscando así dar un salto cualitativo normativo”.
Certificado Único Ambiental.
El proyecto también destaca “la creación del Certificado Único Ambiental (CUA), que facilitará el proceso administrativo al reemplazar múltiples certificados existentes, buscando mejorar la gestión ambiental de actividades productivas y de servicios, promoviendo la innovación y el uso responsable de los recursos, mientras se mantiene un compromiso institucional con la participación pública”.
En ese sentido, se entendió que “la inclusión de la ciudadanía en los procesos de evaluación de proyectos garantiza un control social sobre el impacto ambiental de las actividades económicas. La incorporación de tecnologías digitales en la gestión pública tiene como objetivo no solo agilizar los trámites, sino también transparentar y mejorar la eficiencia administrativa”.
Se indicó que “este principio responde a un contexto de digitalización global que exige que las instituciones públicas se adapten a nuevas tecnologías para ofrecer un mejor servicio al ciudadano, aumentando la accesibilidad y reduciendo la burocracia. Se busca un equilibrio entre el desarrollo económico y la protección del ambiente, priorizando la prevención de impactos negativos a través de la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA)”. (APFDigital)
