Tensión política y social en Perú tras la asunción de José Jerí como presidente interino

José Jerí asumió la presidencia de Perú con el desafío inmediato de conformar un gabinete que le permita consolidar su gobierno interino, previsto hasta junio próximo. Sin embargo, su gestión comenzó en un clima de tensión debido a denuncias en su contra, el malestar social generalizado y la convocatoria a un paro nacional para el miércoles 15 de marzo, que podrían limitar su margen de maniobra.

Durante su primer día en el cargo, al menos un centenar de mujeres de colectivos feministas protestaron frente al Congreso para expresar su rechazo a Jerí, debido a una denuncia por presunta agresión sexual que data de cuando era legislador. La causa fue archivada en agosto pasado por falta de pruebas, pero las manifestantes sostienen que no se investigó adecuadamente. La víctima afirmó que Jerí y otro hombre la agredieron sexualmente en diciembre de 2024 durante una reunión social en el distrito de Canta, Lima. El presidente negó cualquier participación en los hechos y destacó que la fiscalía confirmó su inocencia.

Además, existen otras dos denuncias contra Jerí que no se han formalizado judicialmente. Una lo acusa de presunto enriquecimiento ilícito, debido a un aumento significativo de su patrimonio entre 2021 y 2024, y la otra señala un supuesto soborno relacionado con un proyecto incluido en el presupuesto del Ministerio de Economía y Finanzas, según la declaración de la empresaria Blanca Ríos.

El contexto social en Perú es de alta conflictividad. La inseguridad ciudadana, la corrupción y el desempleo son reclamos constantes de la población. En las últimas semanas, se registraron ataques violentos, como el tiroteo contra la orquesta popular Agua Marina, que dejó cuatro heridos. Estas situaciones motivaron la convocatoria a un paro nacional que busca reunir a trabajadores, estudiantes y transportistas en diversas regiones del país para exigir respuestas concretas a la crisis.

En su primer discurso como presidente, Jerí prometió encabezar un “gobierno de transición, empatía y reconciliación nacional” y declaró la “guerra” contra la inseguridad ciudadana, uno de los principales motivos por los que el Congreso destituyó a la expresidenta Dina Boluarte. Esta última continúa refugiada en su casa al sur de Lima y descartó solicitar asilo en el extranjero, asegurando que permanecerá en Perú. Tras perder su inmunidad, la fiscalía inició dos investigaciones en su contra por lavado de activos durante la campaña electoral de 2021 y por “negociación incompatible con su cargo”. Además, solicitó al Poder Judicial que le prohíba salir del país por un período de entre 18 y 36 meses.

Desde 2016, Perú ha tenido siete presidentes, tres de ellos destituidos por el Congreso, lo que refleja la inestabilidad política que afecta al país. La expresidenta Boluarte cerró su mandato con un 96% de desaprobación, según Ipsos, mientras que el Congreso cuenta con un 89% de rechazo. El descontento ciudadano se manifiesta en las calles con protestas y críticas hacia la clase política. En este contexto, Jerí asumió la presidencia interina con la intención de mantener la estabilidad, aunque la incertidumbre persiste.

La inseguridad es uno de los principales problemas que enfrenta el país. Los hechos violentos, extorsiones y asesinatos forman parte del día a día en Perú. El ataque a la banda Agua Marina fue un detonante para el juicio político contra Boluarte. En las recientes protestas contra la criminalidad, al menos 74 personas resultaron heridas. Jerí prometió “declararle la guerra al crimen organizado” y buscar soluciones para la crisis.

A pesar de las turbulencias políticas, la economía peruana mantiene cierta estabilidad. El sol peruano es una de las monedas más fuertes de la región y la inflación anual se mantiene en torno al 1,4%. Sin embargo, la informalidad laboral sigue siendo un problema estructural: siete de cada diez peruanos trabajan sin protección social ni beneficios legales.

La transición política en Perú es incierta. Jerí asumió con la promesa de liderar un gobierno de transición, pero en un país acostumbrado a cambios presidenciales abruptos, seis meses pueden ser un período largo y complejo. La nueva campaña electoral, con 39 precandidatos en carrera, comienza sin figuras que generen expectativas claras de estabilidad o cambio.